Por John Fritze, CNN
Cuando la Corte Suprema de EE.UU. dé inicio el lunes a un nuevo período de nueve meses, habrá una ausencia notable de un actor clave: el presidente Donald Trump.
Tras meses de enfrentamientos casi constantes con la Casa Blanca, los nueve jueces volverán a ocupar sus lugares detrás del estrado de caoba del tribunal sin una agenda repleta de casos de gran repercusión impulsados por Trump sobre la separación de poderes que definieron el período anterior, desde los aranceles y la ciudadanía por nacimiento hasta el despido de funcionarios gubernamentales que antes eran independientes.
No obstante, es poco probable que este respiro dure mucho.
En las próximas semanas, los magistrados decidirán si intervienen en la complicada disputa por difamación de Trump con la columnista de revista E. Jean Carroll, la cancelación masiva de subvenciones federales para la investigación, si el Departamento de Eficiencia Gubernamental debe proporcionar registros que detallen el recorte de agencias federales el año pasado y la prohibición del Gobierno de que los estadounidenses transgénero sirvan en el ejército.
Esos y otros casos podrían sumarse a un período que ya incluye una importante impugnación con base en la Segunda Enmienda contra las prohibiciones de los fusiles AR-15, el caso más trascendental sobre el cambio climático que llega ante los jueces en casi dos décadas y una disputa sobre si los centros preescolares religiosos que reciben fondos de los contribuyentes pueden negarse a inscribir a los hijos de parejas del mismo sexo.
Hasta ahora, la corte ha aceptado 28 casos para este próximo período, menos de la mitad de los que probablemente resolverán los magistrados antes de junio.
“Hay muchas probabilidades de que los cerca de 35 casos que probablemente acepte la corte durante el resto del año sean los que realmente acaparen la atención”, dijo Masha Hansford, abogada de Davis Polk & Wardwell y exasistente del procurador general, durante un reciente evento organizado por el Centro Nacional de la Constitución.
Un ámbito en el que la corte ya examina las políticas de Trump durante este período es la inmigración. La corte anunció en los últimos días que escuchará argumentos sobre la política de detención obligatoria del presidente y su iniciativa para deportar migrantes a países distintos de los suyos. Aunque son importantes, ninguno de esos casos ha atraído el mismo nivel de atención que el caso del año pasado sobre la ciudadanía por nacimiento.
Después de que Trump y sus aliados emprendieran una guerra retórica contra los tribunales inferiores a principios de 2025, el presidente y la Corte Suprema parecieron alcanzar una distensión a mediados de año: un delicado baile en el que Trump ha acatado las derrotas que le impuso el máximo tribunal, aun cuando ocasionalmente ha arremetido contra los jueces que las respaldaron.
La corte falló abrumadoramente a favor de Trump en su agenda de emergencia, los casos de trámite acelerado que suelen resolverse sin escuchar argumentos. También respaldó al presidente en importantes casos ordinarios que fueron debatidos durante el período anterior y dieron lugar a fallos completos. Uno de ellos fue la trascendental decisión que le permitió despedir a los directivos de agencias como la Comisión Federal de Comercio. Pero la corte también estuvo dispuesta a poner límites a Trump en algunos de esos casos, como cuando rechazó sus aranceles globales de emergencia y su iniciativa para revocar la ciudadanía por nacimiento tal como se había entendido durante más de un siglo.
Sin embargo, Trump no ha evitado arremeter este verano contra la corte, de mayoría conservadora de 6-3, incluidos los tres jueces —Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— a quienes nombró durante su primer mandato. Trump dijo la semana pasada a la revista Time que lamentaba haberlos designado.
“Les di el puesto de sus vidas”, se lamentó el presidente, “y a menudo votan en mi contra”.
Los propios jueces han evitado en gran medida pronunciarse cuando se les ha preguntado por los ataques inusualmente personales de Trump contra la corte. El juez Samuel Alito, un conservador que habló con CBS mientras se prepara para publicar un nuevo libro esta semana, dijo que se ha producido un “gran cambio en lo que los presidentes dicen sobre la corte cuando no están conformes con nuestras decisiones”.
Pero, dijo Alito, esas críticas “muy duras” han sido “bipartidistas”.
Presionado sobre las declaraciones más duras de Trump, Alito dijo: “Tiene su propia manera de decir las cosas”.
Antes de que el tribunal decida cualquiera de los casos ordinarios —o sobre el fondo— que ha aceptado, existe la posibilidad de que tenga que lidiar con una avalancha de litigios relacionados con las elecciones intermedias del próximo mes. Que se trate de un diluvio o de un goteo podría estar en manos de los votantes.
Derek Muller, profesor de Derecho y experto en derecho electoral de Notre Dame, dijo que considera que la probabilidad de litigios posteriores a las elecciones será baja “porque probablemente no habrá suficientes contiendas decisivamente reñidas en las que los litigios realmente marcarían una diferencia”. Pero, afirmó, “si sucede, podría transformar significativamente el próximo período de sesiones de la Corte Suprema”.
El tribunal ya ha lidiado con una serie de disputas sobre la redistribución electoral derivadas del impulso del presidente para redibujar, a mitad de la década, los límites de los distritos de la Cámara de Representantes. Y el mes pasado frenó la controvertida propuesta de Trump de dar al Servicio Postal de EE.UU. un papel en la revisión —y posible rechazo— de las papeletas de voto por correo enviadas a los votantes de todo el país.
También están a la espera varios casos importantes sobre el fondo no relacionados con Trump que podrían definir el período 2026-2027. Parece casi inevitable que el tribunal revise las leyes estatales que exigen que los Diez Mandamientos se exhiban en las aulas de las escuelas públicas. Además, una batalla legal que enfrenta a sitios de predicciones como Kalshi y Polymarket con gobiernos estatales ya llegó al máximo tribunal y podría dar lugar a argumentos orales en algún momento del próximo año.
La mayoría conservadora del tribunal lleva años ampliando de manera constante los derechos a portar armas en virtud de la Segunda Enmienda. Este período tendrá una enorme oportunidad de volver a hacerlo.
En diciembre, el tribunal escuchará argumentos en casos que impugnan las prohibiciones de los rifles AR-15 promulgadas en Connecticut y el condado de Cook, Illinois. Los grupos defensores del derecho a portar armas afirman que los rifles semiautomáticos son ampliamente poseídos por los estadounidenses y están permitidos en la gran mayoría de los estados. Los partidarios del control de armas responden que estas han sido utilizadas con frecuencia en tiroteos masivos y no deberían recibir la protección de la Segunda Enmienda porque son más “peligrosas” e “inusuales” que otros tipos de armas.
El caso se basa en gran medida en una histórica decisión de 2008 de la Corte Suprema, Distrito de Columbia contra Heller, que estableció la posibilidad de que las armas “de uso común” estén protegidas por la Segunda Enmienda.
“Creo que sabemos cuál será el resultado de este caso”, dijo Deepak Gupta, un veterano abogado de apelaciones, durante un evento reciente organizado por el Centro de Derecho de Georgetown, al sugerir que el tribunal probablemente anularía las prohibiciones de los AR-15. “Conocemos el resultado, pero no sabemos cómo se decidirá”.
El primer día del período de sesiones, los jueces afrontarán una disputa de larga data sobre si las ciudades y los estados pueden demandar a las empresas de combustibles fósiles por miles de millones de dólares en daños causados por el cambio climático. La apelación ante el tribunal aborda una demanda de ese tipo presentada por Boulder, Colorado, pero casi con seguridad la decisión repercutirá en decenas de otros casos pendientes presentados por ciudades y estados que intentan responsabilizar a las petroleras.
ExxonMobil y Suncor, las dos empresas que llevaron el caso ante el máximo tribunal, sostienen que la contaminación climática es intrínsecamente un asunto federal, en parte porque las emisiones atraviesan las fronteras estatales. Esa concepción del control federal, afirman, debería prevalecer de hecho sobre las leyes estatales. Pero Boulder sostiene que no hay nada en la Constitución ni en la legislación federal que respalde la postura de ExxonMobil y que la Corte Suprema debería permitir que la demanda siga adelante.
Resulta especialmente notable la decisión de Alito de recusarse del caso debido a las acciones que posee en empresas de combustibles fósiles como ConocoPhillips y Phillips 66. Eso abre la posibilidad de un empate 4-4, un resultado poco común que confirmaría la decisión de la Corte Suprema de Colorado que permitió que la demanda de Boulder siguiera adelante, sin sentar precedente.
Un importante caso relacionado con Trump que llegó al expediente de la corte aborda la política del Gobierno de imponer la detención obligatoria sin audiencias de fianza a las personas que ingresaron ilegalmente al país y que son objeto de deportación. Aunque los casos tienen un perfil más bajo que el de la ciudadanía por nacimiento, la decisión de la corte en el caso sobre la detención podría tener enormes consecuencias para la campaña del presidente destinada a detener a migrantes que viven en Estados Unidos.
Trump rompió con décadas de prácticas anteriores —incluidas las de su primer Gobierno— y reinterpretó una ley de inmigración promulgada por el Congreso en la década de 1990 para concluir que las personas que se encuentran ilegalmente en el país deben quedar sujetas a detención obligatoria sin audiencias de fianza. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha registrado un enorme aumento en la cantidad de migrantes detenidos, desde poco menos de 38.000 al final del Gobierno de Biden hasta más de 65.000 el verano boreal pasado.
El caso sobre la detención es uno de varios relacionados con la inmigración durante este período de sesiones. A finales del mes pasado, la corte aceptó otro importante caso migratorio relacionado con la política del Gobierno de Trump de deportar a ciertas personas a países distintos de sus lugares de origen, pese a las preocupaciones sobre derechos humanos planteadas en torno a algunos de esos países.
En los últimos años, la Corte Suprema ha fallado reiteradamente a favor de escuelas religiosas que buscan financiamiento público. Ahora responderá una pregunta que en gran medida evitó en esos casos anteriores: cómo proceder ante una escuela religiosa que se niega a trabajar con familias LGBTQ.
El caso procede de Colorado, que aprobó mediante votación en 2020 una disposición que brinda financiamiento estatal para un programa preescolar universal. Aunque el programa permite la participación de centros preescolares religiosos, también incluye una disposición contra la discriminación que exige que cada escuela que reciba fondos públicos ofrezca a los niños que cumplen los requisitos la misma oportunidad de inscribirse, independientemente de su raza, afiliación religiosa, orientación sexual, identidad de género y otros factores.
Dos parroquias católicas de Colorado que administran centros preescolares demandaron por esa política y llevaron el caso ante la Corte Suprema en noviembre. Argumentan que respetar esa disposición contra la discriminación del programa les exigiría violar su fe.
“En general, las señales son bastante favorables para quienes impugnan la medida”, afirmó en el evento de Georgetown Roman Martinez, socio de Latham & Watkins que comparece regularmente ante la Corte Suprema.
“Lo que impulsa a la corte es un compromiso con un tipo de pluralismo”, comentó. “Creo que a la corte le preocupa mucho que los grupos religiosos tengan, por así decirlo, igualdad de acceso y reciban el mismo trato en la práctica, no solo como una cuestión de formalismo”.
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